Estamos haciendo lo que un gobierno extranjero nos dice que hagamos bajo amenazas comerciales que no guardan relación con la problemática a resolver.
A pesar de que existe un consenso absoluto, tanto en México como en EU del impacto negativo que la imposición de aranceles a México y Canadá tendría en la economía de los tres países y de la competitividad de la región frente a China y la Unión Europea, la postura de Trump solo se atemperó ante el ofrecimiento de nuestro país de crear una barrera militar en la frontera norte que detenga migración y drogas. Un plazo de un mes que, de no ofrecer resultados, nos regresará al punto de inflexión que la aplicación de impuestos a nuestras exportaciones representaría. Al final, un arancel no es otra cosa que la medida de determinadas incapacidades para competir contra otros.
Eso sí, la física indica que, si se deja abierta la entrada del sur y se cierra la del norte, y añadimos 5 mil migrantes diarios que reingresan a México, las cosas pasarán de difíciles a inmanejables.
En este momento, poco importa que las medidas arancelarias violen el T-MEC, que el propio presidente estadounidense firmó en su anterior mandato. A pesar de las consabidas declaraciones que reiteran la defensa de nuestra soberanía por encima de cualquier presión, es un hecho que, al perder la facultad de autorregularnos, estamos padeciendo una violación flagrante de tan desgastado concepto. Estamos haciendo lo que un gobierno extranjero nos dice que hagamos bajo amenazas comerciales que no guardan relación con la problemática a resolver. En esa ‘lógica’, o nos alineamos a las exigencias o damos ‘delete’ a los planes de crecimiento para los próximos 10 años. De momento, hemos ganado un pequeño espacio para replantear alternativas, pero el desmontaje de los cánceres de narcotráfico y migración no recula en un mes.
Buscando un punto sensato de apoyo para el análisis, regresamos a una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) de 2021 que, entre otros ajustes, proponía un impuesto de 7 por ciento a las plataformas de contenidos digitales que no tienen domicilio en México. De esa manera, marcas como Netflix, Amazon Prime, Disney +, Spotify y otras, que hoy hacen negocios extraordinarios en nuestro país, obteniendo recursos directos a sus arcas en sus países, dejarían una parte importante de sus utilidades en nuestra tesorería.





