La salida de Alejandra Palacios de la Cofece como comisionada presidenta, inicia una nueva y decisiva etapa para el organismo. Definida por la ley como la instancia de lucha contra prácticas monopólicas, muchos calculábamos que se convertiría en pieza clave del gobierno federal en la pretensión de despojar a empresas de ventajas construidas a lo largo de muchos años de dominación abusiva del mercado. Lejos de ello, la Cofece ha tenido que luchar por mantener su autonomía, sus decisiones y su protagonismo.

El último escollo, que bien pudo haber precipitado la salida de Palacios -programada para febrero de 2022 como comisionada- puede haber sido la asignación a la Cofece de facultades para sancionar a agencias de publicidad que violen los nuevos principios de contratación que el Congreso les ha impuesto. La Cofece no sólo fue ignorada en el proceso de promulgación de la nueva ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, sino que deben ahora sancionar prácticas que son precisamente las que la Comisión promueve como sanas para la competencia. Es un contrasentido que este tipo de entidades son, precisamente, las que gobiernos de izquierda promueven como promotoras de condiciones de mayor equidad para pequeñas empresas y para defensa de los consumidores.

Otro tema que mantuvo también a la Comisión marginada fue el proceso completo de formación de la norma oficial para el etiquetado frontal de productos. A pesar de los comunicados del organismo resaltando los efectos anticompetitivos de la norma, nadie acuso recibo de sus llamados.

Mientras tanto, en estos ocho años la Comisión se ha ocupado de importantes investigaciones en sectores tan estratégicos como el de compras públicas de medicamentos e implementos hospitalarios, derivados de celulosa, transportación marítima, distribución de gas LP, Afore y hasta mercados tan exóticos como el de los jugadores de fútbol, habiéndose aplicado multas por más de 7 mil millones de pesos.

Parte de los efectos disuasivos de la labor de la Cofece no se aprecian, en la medida en la que muchas de las conductas predatorias de los mercados no llegan a concretarse. Sea por la ‘amable invitación’ a portarse bien, que suponen las graves sanciones disponibles para casos que lo ameriten, o bien por un crecimiento de la cultura de competencia en el país. Lo que es un hecho es que son muchos los sectores en los que existe ya un piso parejo que mejora la competencia, y con ello, mejores precios y opciones de productos y servicios para los consumidores.

No debe quedar duda de que el momento es particularmente relevante para reforzar la presencia, funciones y misión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Dos premisas básicas consisten en nombrar consejeros independientes y experimentados en estas materias; la otra, no limitar presupuestalmente el mantenimiento de su infraestructura. Si se mira bien se puede llegar a una conclusión simple: la Comisión produce más dinero del que cuesta.

A pesar del discurso oficial ambivalente respecto del papel de ciertos organismos autónomos, en el caso de la Cofece, su rol como regulador es una pieza clave que debe ser valorada y reforzada. Debemos preocuparnos por perder fuerza en la contención, no solo ante monopolios estatales, sino también frente a los de carácter privado.

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