Los planes, esfuerzos e inversiones que a lo largo de muchos años se han destinado a la digitalización de los poderes judiciales, tanto en los estados de la República como en lo federal, tienen su prueba de fuego ante la emergencia sanitaria que nos asedia. Con diferentes niveles de desarrollo, es claro que el desafío habrá de desnudar las carencias y desatinos que nos han llevado a esta parálisis de lo indispensable.