Covid-19 ha actualizado la discusión sobre la pertinencia de los derechos de propiedad intelectual frente al derecho a la salud.
Como ha sucedido en otras crisis de salud en el pasado, Covid-19 ha actualizado la discusión sobre la pertinencia de los derechos de propiedad intelectual como mecanismo promotor de la innovación y el desarrollo frente al derecho a la salud. La concentración de 75 por ciento de las vacunas en 10 países, frente a más de 100 que no han recibido una sola dosis, construye un escenario desafiante desde cualquier punto de vista. El ataque simplista que señala al sistema de patentes como el monopolio que genera el desbalance, se debe matizar desde diversos ángulos.
El primer punto a considerar es que, ese mismo sistema de apropiación de innovación que es la propiedad intelectual, que recompensa con exclusivas de explotación a las nuevas tecnologías, es el que ha fomentado que más de 200 laboratorios se dieran a la tarea de desarrollar las indispensables y urgentes vacunas. De todos los que partieron de la línea de salida desde fines de 2019, cuando los primeros casos fueron reportados, sólo algunos han logrado arribar al mercado con fórmulas seguras y eficaces. Los demás competidores, muy probablemente, abandonaron la carrera sin resultados y con enormes costos a cuestas.
Un primer beneficio que es poco visible del sistema de propiedad intelectual parte del conocimiento compartido y accesible que las propias patentes aportan al estado de la técnica. Si un lugar es el apropiado para iniciar un desarrollo tecnológico, es precisamente el banco de patentes otorgadas, que constituye la más amplia y actualizada fuente consultable. Esa es la razón por la que podemos sostener que las investigaciones previas de virus similares posibilitaron el avance y consecución de las vacunas en tiempos récord.
Otro aspecto que debe ser valorado es que las diversas leyes de patentes en el mundo contienen mecanismos para abrir el licenciamiento a otros productores cuando el titular de la patente no cuenta con los recursos necesarios para abastecer el mercado, pero siempre respetando la debida compensación para el innovador a través del pago de una regalía. Si de un punto podemos estar seguros, es que de no existir el estímulo que la propiedad intelectual garantiza a los innovadores, esta primera esperanza de solución que representan las vacunas no estarían disponibles en ninguna parte del mundo.
No hay duda que el egoísta acaparamiento de vacunas, por parte de algunos países, vuelve a exhibir el peor rostro de una precaria colaboración internacional ante del desastre, lo que promueve la rentable posición política de atacar al sistema de patentes como el causante de la injusticia. Para contrarrestar el desequilibrio, iniciativas como COVAX y C-TAP están pujando para lograr donaciones a los países menos favorecidos, rastreando datos, productos y esfuerzos para respaldar sus iniciativas, pero sin pretender que la propiedad intelectual juega en contra.
Para tener un mejor mapa sobre la situación imperante, es necesario recordar la tensión que hacia el fin del siglo pasado se gestó alrededor de las patentes que amparaban los retrovirales para VIH-Sida, que desembocó en la llamada ‘Declaración de Doha’, documento de referencia que ha guiado la adopción de políticas públicas en materia de acceso universal a medicamentos en las últimas dos décadas.
Es importante, ante condiciones que lo recuerdan, revisitar lo que el mundo ya aprendió de esas experiencias, y que podemos recurrir a una solución que se vuelve posible en la medida en que construye puntos de balance entre los intereses encontrados.
